* España-Argentina; mal espejo energético *

***Bella noche de Martes para todos.

Cuando se habla de *modelo* neoliberal muchos todavía no entienden de qué va la cosa.
Lo que se aplica en un lugar, si funciona según los planes, se replica en otros lugares, excepto =claro está= que la gente lo permita.
Muy buen informe de la situación energética en España como para entender lo que se está aplicando aquí en Argentina, que si no se le pone un freno...habrá que *pasar el Invierno*...tal como decía el otrora nefasto Ingeniero..;

-*La pobreza energética es una expresión más de la pérdida de derechos que la ciudadanía de nuestro país ha experimentado en los últimos años como consecuencia de la crisis, de las medidas tomadas frente a la misma y de un conjunto de políticas injustas e ineficaces que han provocado que se agudice la desigualdad*. Así comienza el documento presentado por Olga Abasolo, Diputada de Podemos, y Alfredo Ramos, miembro del Gabinete técnico del mismo partido, ambos por la Asamblea de Madrid. Entre las medidas que más han profundizado la brecha social en España se encuentran las políticas de ajustes tarifarios implementadas durante los últimos años, las cuales consiguieron aumentar sistemáticamente el número de pobres energéticos. 

En efecto, dentro de la Unión Europea, por el concepto de *pobreza energética* se entiende tanto a la situación en la que los ingresos de una familia no alcanzan para pagar la energía suficiente que permita cubrir la satisfacción de sus necesidades domésticas o bien cuando dicho grupo familiar destina obligadamente una cantidad excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de la vivienda. Ser pobre en estos términos significa, entonces, no poder mantener la temperatura de una vivienda en condiciones adecuadas o, por lo menos, contar con serias dificultades para hacerlo.

La política energética española *ha supuesto el incremento constante de los recibos energéticos de los hogares en un país con cientos de miles de cortes de suministro energético al año*, afirman Olga Abasolo y Alfredo Ramos. Ciertamente, es la propia compañía eléctrica Endesa =que junto a Iberdrola controlan el 80% de la red de distribución de luz del país= quien publica en su sitio oficial cuales serán, región por región, los *cortes de suministros programados para los próximos siete días*:



La actividad de distribución tiene por objeto principal la transmisión de energía eléctrica desde las redes de transporte hasta los puntos de consumo *en las adecuadas condiciones de calidad* =Real Decreto 1955/2000=. Como propietarias de la red, las empresas distribuidoras perciben los ingresos correspondientes a fin de brindar un buen funcionamiento y asegurar la continuidad del suministro. Por tanto, siguiendo al abogado español Ignacio Del Burgo, *es obligación legal de las distribuidoras prestar el servicio de forma regular y continua y con los niveles de calidad que se determinen reglamentariamente. 

Son, pues, responsables de la construcción, operación, mantenimiento y desarrollo de su red de distribución. Si compete a las distribuidoras mantener las redes y garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico, parece claro que ello ha de llevar aparejada forzosamente la consiguiente responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan derivarse de un mal funcionamiento de la red y de la discontinuidad o interrupción sin previo aviso del suministro*.

Sin embargo, y a pesar de las consecuencias que trae aparejado el incumplimiento de un derecho básico como es la energía, son más las ocasiones en las que los costos quedan a cuenta de los usuarios perjudicados. Incluso, el escenario empeora cuando estas mismas empresas, que realizan cortes programados del servicio, no tienen ningún tipo de conflicto a la hora de interrumpir el suministro cuando alguno de sus usuarios no puede afrontar el pago de su factura eléctrica a fin de mes. En consecuencia, sólo en 2015 fueron más de medio millón los cortes de luz efectuados por Endesa e Iberdrola a los hogares españoles por impago del servicio.

El diario El Mundo asegura que los cortes del suministro por falta de pago *volvieron a aumentar en 2015 tras dos años consecutivos de reducciones, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto a las interrupciones llevadas a cabo en 2014*. Dicha información fue proporcionada, nada más y nada menos que por las propias empresas distribuidoras en cuestión, a la luz de un informe presentado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su aprobación en Junta de Accionistas.

Asimismo, en el mencionado matutino se publica también un gráfico en el que se mide la cantidad de tiempo transcurrido desde el corte de luz hasta el retorno del suministro y el número de hogares afectados. Los resultados son impactantes: durante 2015 unos 31.634 hogares tardaron entre una semana y un mes para volver a contar con el servicio y unos 47.661 los que esperaron entre un mes y un año para reconectarse a la red. 
¿La causa? 
No contar con dinero suficiente para realizar los pagos.



Sumado a esto, el incremento de cortes coincidió con una subida en la factura eléctrica del 0,8% durante el 2015, según el índice de precios que elabora el Instituto Nacional de Estadística. Dicha suba constituye el séptimo aumento en los últimos ochos años en un contexto en el que la electricidad que pagan las familias se ha encarecido en un 52%.
Por su parte, las compañías eléctricas intensificaron los acuerdos mantenidos con los distintos gobiernos regionales a fin de proteger a los clientes más vulnerables y evitar la restricción de suministro por impago. 

La compañía Endesa afirma en su último informe de sostenibilidad ser *consciente del grave problema que supone la pobreza energética en muchos hogares españoles, que se ha visto especialmente agravado con la reciente crisis económica, y precisamente por su compromiso con la sociedad entiende que debe responder a esta problemática social enmarcada en el ámbito de la energía*.

Se trata de la primera vez que en España una de las distribuidoras reconoce abiertamente el concepto de *pobreza energética* como un fenómeno en sí mismo y deja de vincularlo a un problema de pobreza general. En efecto, durante 2015 Endesa sostuvo 90 acuerdos con las administraciones provinciales españolas en un escenario donde casi un millón de sus clientes se encuentran adscriptos al bono social =gracias al cual consiguen una rebaja del 25% en sus recibos=.
Por su parte, la empresa Iberdrola aprobó en diciembre del año pasado una modificación de su política de responsabilidad social corporativa a fin de elevar la protección a clientes vulnerables en colaboración con las administraciones públicas y hasta el momento cuenta con cerca de 880.000 los usuarios contemplados dentro del bono social.

No todo lo que brilla es luz

Sin embargo, volviendo al documento presentado por Olga Abasolo y Alfredo Ramos de Podemos, las medidas implementadas por las administraciones públicas y las empresas distribuidoras contra la pobreza energética son más que insuficientes y no alcanzan para paliar las consecuencias de la exclusión en materia de energía.
Por ejemplo, *el convenio que ha firmado la Comunidad de Madrid con las compañías eléctricas dista de ser una estrategia articulada capaz de enfrentar el problema real en toda su dimensión y revertir la relación negativa que existe entre energía y desigualdad*, explican los funcionarios españoles. 

Según afirma el documento, se trata de un fondo limitado a un millón de euros con el que sólo podrán beneficiarse unos 5.000 hogares. Por otra parte, en Madrid, son muy pocas las personas que reciben la Renta Mínima de Inserción =28.000= y el acceso se encuentra condicionado intrínsicamente a la figura del impago, lo cual perpetua dicho estigma social en una suerte de *discriminación positiva*.

También, el acuerdo se limita a tres comercializadoras: Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa, dejando afuera a quienes se abastecen mediante otras empresas. 
No obstante, el requisito más excluyente responde a los montos en los consumos máximos que permiten acceder a la prestación, los cuales dejan fuera a una cantidad significativa de usuarios. En consecuencia, *los hogares se ven obligados a decidir entre poner o no la calefacción para no superar el consumo permitido*, concluyen Abasolo y Ramos.

En este sentido, cualquier similitud con los 150 kW de la *tarifa anti-social* del tarifazo implementado por el Ministro de Energía y actual accionista de Shell, Juan José Aranguren, no es pura coincidencia. 
Las medidas anteriores tienen que ver con lo neoliberal del modelo económico y lo conservador del proyecto político llevados adelante tanto por la administración española como por la argentina.

La lógica antipopular del macrismo dejará a su paso un saldo de pobreza y exclusión creciente. El tarifazo implementado por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación =en verdad, una cámara de empresas nacionales y multinacionales con poder ministerial=, en un escenario donde la apuesta por las llamadas *energías verdes* =solar y eólica= incrementará todavía más los costos energéticos, tendrá por efecto la sumisión de miles de argentinos bajo el umbral de la *pobreza energética*.
 Ejemplo de ello, lo da el caso de Carreras =Santa Fe= donde el municipio tuvo que salir a repartir leña para que los vecinos pudieran calefaccionarse. Y así, la realidad del contexto tarifario hará que sean cada vez más los compatriotas que deban optar entre comer o calentarse en los próximos meses de crudo invierno. 

Un escenario atroz que ya es una realidad en España y en Europa y que, lamentablemente, comienza a padecerse en la Argentina.

Una vez más nuestro *Despierto* y visionario Don Arturo..da cátedra de como ver el iceberg...antes de que asome..;



Gilgamesh***

Fuente;
-oetec