Una noticia que podríamos pensar que no nos incumbe, es ciertamente una gran amenaza para todos, mucho más teniendo en cuenta que desde ese país se diseminan luego por todo el planeta las atrocidades mas espantosas de control sobre las personas. Jamás debemos aceptar éste tipo de intromisión en nuestra privacidad individual, y mucho menos engañados con la excusa de la inseguridad, el terrorismo o el delito.
Gilgamesh***
Excelente y valiente artículo de Nicholas West
La ICE anunció en febrero de 2011 que iba a comenzar con la *identificación biométrica* como un componente clave de un nexo de intercambio de información con los 58 condados de California destinados a identificar a los extranjeros, que están reservadas para los delitos investigados por la policía local. Sin embargo, una solicitud de Libertad de Información de la Ley por las organizaciones de la justicia reveló un programa que involucra a una amplia coordinación de Seguridad Nacional para ampliar el programa de Comunidades Seguras a través de la biometría, para incluir también, a los ciudadanos respetuosos de la ley estadounidense. La progresión del plan *Comunidades Seguras* ha sido puesta en marcha a toda velocidad, ya que 27 estados tienen implementado sus procedimientos. Minnesota es el último en sumarse en el pleno cumplimiento de la obligatoria identificación biométrica del programa federal. Sin embargo, existe un patrón de engaño por parte del gobierno federal desde el inicio de éste operativo, haciendo caso omiso de las críticas que se suman cada vez más, está dejando claro que, en lugar de ser una iniciativa específica para deportar a delincuentes conocidos, Comunidades Seguras está buscando más y más como un movimiento de barrido hacia una red de vigilancia de Big Brother total .
Comunidades Seguras se ha lanzado para suplantar la base de datos de huellas dactilares conocido como AFIS . Biometría completa se añade a la información de huellas dactilares, incluyendo: exploraciones de palma de las manos, las grabaciones de voz, escaneo de iris, reconocimiento facial y muestras de otros fluidos corporales que forman un expediente con la identidad de cada individuo. Una vez establecido, el expediente puede ser analizado y comunicado en tiempo real entre las autoridades locales y federales para deportar a inmigrantes ilegales en teoría *peligrosos*.
Se ha expresado preocupación por parte de los defensores de los derechos de privacidad y constitucionalistas por igual. El expediente biométrico también apunta a cualquier persona en la web por escaneo de imágen fotográfica o de audio, entonces se convierte en propiedad de las agencias de aplicación de la ley, incluso si su biometría =y ADN= son recogidos como huellas latentes en la escena del crimen. Esto hace parte de los movimientos diarios de una red de seguimiento que puede ser referenciada más allá de la corte de justicia, podría dar lugar a falsas sospechas, interrogatorios y detenciones. ICE ya está siendo investigado por tergiversar sus intenciones, fomenta la sospecha de que obligar a los estados a obedecer el mandato federal tiene intenciones muy superiores a la simple documentación y la deportación de personas ilegales y peligrosas.
Bridget Kessler, de la Escuela de Leyes de Inmigración, una de las organizaciones que se aplican a través de la FOIA para revisar los documentos que describen el papel del FBI en la implementación de Comunidades Seguras afirma que éstos documentos proporcionan una visión fascinante del papel del FBI en obligar a la implementación de S-Comm en los estados y localidades. El deseo del FBI de allanar el camino para el resto del proyecto de IGN parece haber sido una fuerza impulsora en la decisión política de hacer de S-Comm algo obligatorio. Pero los documentos también confirman que, tanto técnica como legalmente, S-Com podría haber sido voluntaria.
Por su parte, el Centro de Derechos Constitucionales emitió una hoja informativa de cuatro páginas para esbozar los posibles abusos inherentes de éste sistema:
*La acumulación de información en grandes bases de datos tienta a los hackers, internos descontentos y enemigos nacionales. Proyectos de recopilación de información como el IGN en gran medida pone en peligro la seguridad nacional y nos deja vulnerables al robo de identidad. El uso de identificadores biométricos introduce el riesgo de que la información sea recopilada con un propósito ilegal y sea utilizada para fines completamente ajenos, sin nuestro conocimiento o consentimiento y en violación flagrante de los derechos de privacidad.*
Tres estados han intentado darse de baja del programa =incluyendo California= que inicialmente se presentó en 58 condados. Sin embargo, ahora que a los Estados se les ha dado más tiempo para examinar exactamente cómo funciona el sistema, así como escuchar la respuesta de las comunidades de inmigrantes, hay una resistencia creciente.
Según un editorial del diario Los Angeles Times , más de la mitad de los 148.481 inmigrantes retirados desde el inicio del programa en 2008 hasta octubre 2011 tenían ausencia de condenas penales o sólo eran menores de edad. De los deportados, más de 3.000 eran ciudadanos de Estados Unidos los que habían sido eliminados por error.
Naturalmente, la respuesta federal hace caso omiso de las estadísticas y la voluntad creciente de las personas a abandonar este programa antes de que avance más lejos:
En defensa del programa, funcionarios del ICE han declarado repetidamente que Comunidades Seguras sólo ataca a los inmigrantes acusados de delitos violentos graves.
*Es la ley, y creemos que es una política muy buena, para enfocar nuestros recursos en personas que están aquí ilegalmente, así como la comisión de delitos*, dijo John Morton, director de ICE , en una entrevista con el New York Times .
La tiranía Federal en los Estados Unidos no conoce límites, como lo demuestra el muy difamado TSA, que ha ignorado flagrantemente la indignación en todos los niveles mediante la ampliación de sus acciones en las calles de Estados Unidos con sus equipos VIPR. Lo mismo puede decirse de Comunidades Seguras, que el Departamento de Seguridad Nacional ha declarado como obligatorio para todos los Estados para cumplir con lo estipulado hasta el año 2013. Ciertamente parece haber en juego un interés financiero también. El más grande contratista de defensa del mundo, Lockheed Martin, tiene mucho que ganar con la venta de la tecnología en el contrato de varios millones de dólares de la misma manera que los contactos políticos de la contratista OSI que recibió 173 millones de dólares para el contrato por el *Rapiscan*=escáner corporal que desnuda a las personas=.
¿Cuánto tiempo más permitiremos que toda la vigilancia militar-industrial siga creciendo en poder y riqueza, financiado por nuestros impuestos propios, como la vida cotidiana en los Estados Unidos cada vez se asemeja a la de un Tercer Mundo , junto con la economía de un estado policial mundial tecnocrático en primer lugar?
Ésta y otras editoriales pueden ser leídas en Reddit.
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